El futuro de las Cámaras y más de 3.500 empleos en riesgo por decreto
Economía – Instituciones
REAL DECRETO/ EL GOBIERNO PROMUEVE UNA NORMA QUE CAMBIARÁ LA FINANCIACIÓN OBLIGADA DE LAS CÁMARAS POR OTRA VOLUNTARIA
Miles de trabajadores de las Cámaras de Comercio de España se manifiestan contra el Ejecutivo en Madrid
Los trabajadores de las distintas Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España se manifestaron en Madrid, el día once de enero, contra el Real Decreto-ley 13/2010, bajo el lema “El futuro de las Cámaras y más de 3.500 puestos de trabajo en riesgo por decreto”.
Los participantes se congregaron durante una hora ante el Consejo Superior de Cámaras, en el doce de la calle Ribera del Loira, y comenzaron la manifestación desde la calle Alcalá, frente al Banco de España, hasta el Ministerio de Economía y Hacienda, en el nueve de la misma avenida, para entregar a la ministra de la rama, Elena Salgado, las listas de firmas originales, recogidas de forma provincial, en contra de la aplicación de la norma.
La aprobación de este Real Decreto supone, para los convocantes, una grave amenaza a la supervivencia de los entes camerales de toda la nación y a su labor en favor de la competitividad de las empresas. Además, en consecuencia a la aplicación de la ley, peligran más de 3.500 puestos de trabajo cualificado y especializado en la prestación de los servicios ofertados por las Cámaras, y el empleo indirecto que se desprende de todas sus actividades.
La ley cambia radicalmente la financiación de las Cámaras, derogando el sistema de inscripción obligatorio, es decir, el imperativo de pago de la cuota cameral, y se sustituye por otro de carácter voluntario. Con ello, el 60% de la financiación, antes obligatoria, que las Cámaras de Comercio, como entidades de derecho público tuteladas por la administración, obtenían con el abono de todas las empresas, peligra seriamente y, por consiguiente, así ocurre con su gestión de los colectivos a ellas adscritos.
Según alegan los manifestantes, con el Real Decreto se rompe el efecto redistributivo que realizan estos organismos comerciales en favor de las empresas de menor dimensión, ya que son éstas las principales benefactoras de sus acciones, mientras que los pagos proceden fundamentalmente de las empresas con más volumen de negocio.
La real norma pone en peligro servicios esenciales que ninguna otra institución puede ofrecer, en mejores condiciones, a las pymes que apuestan por la internacionalización, la formación y la innovación. También podrían desaparecer actuaciones destacadas de las Cámaras a favor del desarrollo del espíritu emprendedor y la creación de empresas, factores que se antojan determinantes en la generación de riqueza y empleo, y en la configuración de instituciones potencialmente competentes, competitivas y modernas.
Las 88 Cámaras de Comercio en España dedican su esfuerzo a objetivos fundamentales como el impulso a la internacionalización. Se calcula que 17.000 empresas al año dejarán de participar en misiones comerciales y más de medio millón de consultas de internacionalización dejarán de atenderse. La tramitación de los documentos de Admisión Temporal de Mercancías, los cuadernos ATA, y de los Certificados de Origen Comunitario quedaría paralizados. La labor formativa de los entes camerales se verá mermada con los 140.000 alumnos que dejarán de formarse, anualmente, en los 154 centros de formación de la red de Cámaras, y 8.500 cursos al año no se impartirán en formación empresarial.
Respecto al apoyo a la creación y consolidación de empresas, se intuye que 35 Ventanillas Únicas Empresariales, que han informado a más de 253.000 emprendedores y que han generado más de 80.000 empleos, no volverán a prestar sus servicios. 86 viveros de empresas, con más de 1.000 empresas que pasan por ellos anualmente, no podrán utilizarse, y 25.000 compañías al año no se beneficiarán de los cursos de creación o consolidación de empresas de la Fundación Incyde de las Cámaras.
El impulso de la innovación y las nuevas tecnologías es un aspecto que preocupa a los manifestantes. Más de 9.000 acciones anuales en materia de innovación para las empresas desaparecerán y 128.000 certificados digitales emitidos verán dificultada su continuidad. A su vez se perderán otros servicios intrínsecos en la labor de estas institucionales, como el acceso a financiación preferente para las empresas a través de los acuerdos entre las Cámaras y las entidades financieras, 126 puntos locales de asesoramiento empresarial, situados en ubicaciones periféricas, denominados antenas, dejarán de contestar a 49.000 consultas anuales, y 45 cortes de arbitraje no contribuirán a la agilización de los procesos de mediación entre empresas.
Los implicados alegan el compromiso en el que se sitúa, con la aprobación de esta enmienda, a la representación y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, ya que 51 Servicios de Estudios, acciones líderes en economía regional, dejarán de asesorar y ejercer la faceta consultiva de las Cámaras y la participación directa, de cerca de 7.000 empresarios cada año en las Comisiones consultivas de trabajo de las Cámaras, se perderá.
Cámara de Granada
Los 40 empleados de la Cámara de Comercio de Granada acudieron a la manifestación de Madrid. Uno de ellos, Alfonso Gil, técnico de área de desarrollo empresarial y portavoz nacional de las Cámaras de Comercio, declaró, para este medio, no entender el por qué de esta medida y critica que “de la noche a la mañana, en apenas una semana, se aprobara el decreto sin reuniones previas para comentarlo, sin establecer un período transitorio. Ha sido todo a contrarreloj. No ha dado tiempo ni a reaccionar, ni a negociar nada”.
El portavoz, como tantos otros, se enteró por la prensa “el día después de la huelga de los controladores”. Una semana después de la proposición gubernamental, el decreto se firmó. “Si hubiesen acordado la medida para el 2013, a cualquier institución le habría dado tiempo a hacer sus planes, a crear servicios nuevos, para que en ese período de tiempo se establecieran las medidas que podrían salvar sus empresas o sus instituciones. En lugar de eso lo que hay es una incertidumbre tremenda”.
Según Alfonso Gil, las Cámaras nacionales más pequeñas pueden desaparecer gracias a esta medida denominada ‘anticrisis’. Pero el portavoz nacional de las Cámaras no entiende esta denominación, ya que “el 50% de las empresas no pagaban a la Cámara. Un 25%, autónomos y pymes, abonaban 25 euros al año. El 25% restante, las grandes empresas, pagaban cuotas de entre los 200 hasta los 600 euros, en función de la facturación de las empresas”.
La Cámara de Comercio de Granada está analizando su situación. “Van a cambiar muchas cosas”, advierte Alfonso Gil, «en breve nos reunirán para explicarnos las medidas». Una de ellas, según el portavoz, es el cierre de las delegaciones de la entidad en las localidades más pequeñas. “En estas delegaciones había dinero presupuestado para emprendedores, había también un centro tecnológico en la costa granadina para los productos subtropicales. Los proyectos que había para este año han caído en saco roto”, explica Gil.
La supervivencia de la Cámara de Granada se ha convertido en un problema de primer orden. Sin el compromiso del 60% de su presupuesto, el ente deberá generar, tan rápido como sea capaz, nuevos servicios y potenciar los ya existentes. Como declara Alfonso Gil, “nuestra sede es muy grande, así que se alquilarán salas para conferencias y para las empresas. Todo para sobrevivir”.
