La Ley Ómnibus reforma 46 leyes que mejoran y potencian los servicios
Empresas/Noticias – Granada Económica
APERTURISMO/ LA UNDÉCIMA DIRECTIVA EUROPEA LIBERALIZA LOS SERVICIOS, SIMPLIFICA SUS PROCEDIMIENTOS Y FOMENTA LA CALIDAD DE SU PRESTACIÓN
Los prestadores de servicios podrán hacerlo libremente en cualquier estado miembro de la Unión Europea
El 31 de enero se celebró, en el Carmen de los Mártires, la Jornada sobre la Directiva de Servicios (Ley Ómnibus) organizada por el Ayuntamiento de Granada y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, en colaboración con la Universidad de Granada e HispaColex Servicios Jurídicos.
El acto contó con las ponencias del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de la Rosa Torner, la secretaria del Ayuntamiento de Granada, Mercedes López Doménech, y el director de HispaColex Servicios Jurídicos, Javier López y García de la Serrana. “Vamos a hablar de la aplicación de la normativa europea en materia de la ley Ómnibus, para establecer cómo se puede aplicar y los problemas que presenta dentro de la administración de Justicia”, explicaba durante la presentación el vicepresidente del CGPJ.
Los ponentes se centraron en la modificación de más de 40 normas estatales que, basándose en la undécima directiva Europea, afectan a las categorías profesionales, a las Administraciones Públicas y a los Órganos de Justicia, que consagra el libre acceso de los servicios simplificando los procedimientos y fomentando su calidad. En definitiva, esta importante reforma estructural constituye una pieza fundamental en la estrategia de recuperación y modernización de la economía española.
En España el sector servicios representa el 65% del PIB y el 68% del empleo en el país. Este cambio en las normas que lo regulan supone una adaptación importante de la prestación de servicios respecto al escenario europeo, por lo que constituye una ambiciosa e importante reforma estructural de la que se esperan notables ganancias en términos de eficiencia, productividad y empleo. Como resultado, las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda auguran la creación de entre 150.000 y 200.000 empleos y el PIB crecerá cerca del 1,2%.
Regulación europea
La directiva comunitaria 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo Europeo, relativa a los servicios en el mercado interior, ha originado que se aprueben en España dos leyes, conocidas coloquialmente como Ley Paraguas y Ley Ómnibus. Estas directrices otorgan la posibilidad a los prestadores de servicios, de cualquier estado miembro, a realizar dicho servicio en España sin requerimiento de un régimen de autorización, salvo en los casos limitados y siempre que se cumplan con los requisitos establecidos de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. Las Administraciones Públicas españolas no podrán exigirle ninguna autorización, requisito adicional o control previo a un prestador de servicios que cumpla con los requisitos establecidos en el país para su función.
Algunas de las muchas profesiones y actividades, que se han visto afectadas por esta nueva normativa, son las empresas de transporte terrestre, los centros de enseñanza, las empresas del sector energético, las empresas de telecomunicaciones, las empresas de instalación, las empresas de seguridad, las sociedades de profesionales y los colegios profesionales, que han visto reducidas considerablemente muchas de sus prerrogativas. “Ha tenido una primera fase mediante la publicación de la ley el 22 de diciembre de 2009, una serie de modificaciones acaecidas durante el 2010, una serie de Reales Decretos que la han desarrollado y ademas, en este mismo año, incluyendo la ley de Colegios Profesionales, que está pendiente de establecer en qué profesiones deberá ser obligatoria la colegiación”, expone López y García de la Serrana.
Visado colegial obligatorio
La Ley Ómnibus se configura como un instrumento voluntario, aunque otorga al Gobierno la potestad de establecer los trabajos profesionales que exigirán visado obligatorio, atendiendo a la necesaria existencia de una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas, y a la acreditación de que el visado es el medio de control más proporcionado. Y esto es lo que regula el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, el contenido del visado y la responsabilidad del colegio profesional derivada del ejercicio de su función de visado.
Industrias
Se han establecido una serie de requisitos nuevos en cuanto a la libertad de establecimientos. Antes de que la autoridad competente emita un dictamen al respecto, el interesado deberá llevar a cabo una declaración responsable. La comunicación o declaración responsable habilita indefinidamente, desde el día de su presentación, para el desarrollo de la actividad en todo el territorio español.
Sociedades profesionales
Esta ley introduce cambios tales como que la norma que declare las incompatibilidad de las actividades o profesiones de estas sociedades solo puede ser de rango legal, y no reglamentaria como se establecía anteriormente. Por otro lado, la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales, reduciendo en parte ese porcentaje en cuanto a la normativa anterior que imponía que fuese de dichos socios profesionales el 75% del capital y de los restantes elementos antes mencionados. Asimismo, beberán ser socios profesionales como mínimo la mitad más uno de los miembros de los órganos de administración y no las tres cuartas partes de estos que regulaba la ley anterior. Y en el caso de que dicho órgano fuera unipersonal deberá ser constituido también por un socio profesional.
Transportes Terrestres
Desaparecen las autorizaciones de acción limitada y las que se concedan, para transporte público discrecional, habilitan en todo el territorio nacional, sin limitación. Todo esto con la excepción de que las autorizaciones de transporte interurbano tendrán que respetar su regulación reglamentaria en relación con su origen y destino.
