Morosidad municipal

Los datos de los últimos informes de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Granada sobre morosidad reflejan una situación muy inquietante sobre las cuentas municipales. A pesar de la normativa europea, y su aplicación para las administraciones públicas con la ley 15/2010 con la que se establecen medidas de luchas contra la morosidad, el Ayuntamiento de Granada supera casi tres veces el límite en el plazo de pago a empresas y proveedores que en el caso de la administración pública estaba fijado este año 2013 en 60 días, como periodo máximo e inaplazable. El Ayuntamiento de Granada tarda una media de 153 días en abonar sus facturas, y eso a pesar de que apenas hace un año tuvo que acogerse al plan de pago a proveedores por el cual hubo de solicitar un préstamo de más 107 millones de euros, incrementando la deuda financiera del Ayuntamiento que alcanza un total de 243 millones de euros.

Una vez más el gobierno municipal vuelve a tropezar en la misma piedra, pero lo que es más grave trasladando un problema, que atenaza gravemente a las cuentas municipales, a la economía del resto de la ciudad de Granada. El incumplimiento de los plazos de pago a proveedores y prestadores de servicios municipales colocan en una situación delicada a centenares de pequeñas y medianas empresas de la ciudad cuya actividad y el empleo que generan dependen directamente de que el Ayuntamiento les pague en tiempo y forma. ¿Cuántos empleos se han perdido en la ciudad de Granada como consecuencia de que las administraciones no pagan a su debido tiempo? ¿Cuántas iniciativas empresariales de la ciudad se han perdido como consecuencia de no poder soportar una gestión económica irresponsable que cargar deudas a quienes el único error que cometieron fue proveer al Ayuntamiento? Además, la situación empeora cuando los datos de la liquidación municipal del presupuesto señalan que a 31 de diciembre de 2012 el Ayuntamiento de Granada tenía pendientes  de pago más de 60 millones de euros en facturas.

Esta nefasta gestión económica ha provocado un plan de ajuste durísimo, mediante el cual los recortes en servicios municipales básicos, como transporte, limpieza, políticas sociales han sido drásticos, un hachazo en toda regla que se ha visto endurecido con el incremento, totalmente antiprogresivo, de impuestos y tasas municipales, no sólo a las economías familiares, sino también a pequeñas y medianas empresas y en especial a sectores como el comercio, hostelero y turístico de la ciudad. A modo de ejemplo sitúo que en los últimos cinco años, en pleno periodo de crisis económica, los tres principales impuestos, tarifas y tasas municipales (IBI, Tasa Municipal de Basuras y Tarifas del agua) se han visto incrementados en más de un 50%.

En esta situación tampoco ayuda la ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pues al ser fruto de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, aprobada por el PP y el PSOE apenas hace año y medio, el principio que regula para la administración pública y por tanto también para el Ayuntamiento es pagar primero a los bancos y después a proveedores. Es urgente romper este círculo vicioso de ajustes que sólo provocan más deudas, crisis y desempleo y para ello es fundamental un plan de pagos que priorice el pago a pequeñas y medianas empresas que no pueden resistir más los retrasos municipales. Pero también es necesario un cambio de rumbo en la política económica de la ciudad, y para ello el alcalde y la ciudadanía tienen que tener presente esta reflexión, tras diez años de mayoría absoluta del PP en Granada y con una deuda municipal, que entre deuda financiera y deuda a proveedores ronda los 300 millones de euros ¿A qué herencia recibida se le echa la culpa?

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