El Ayuntamiento de Granada embarga dos solares a la Junta de Andalucía
El Ayuntamiento de Granada ha conseguido el embargo de dos solares propiedad de la Junta de Andalucía para saldar parte de la deuda tributaria que la administración andaluza tiene pendiente con el consistorio desde hace años, cifrada en 4,8 millones de euros.
Los solares embargados suman más de 5.000 metros cuadrados y se ubican en la zona de Los Mondragones. Esta es la primera vez que una institución embarga propiedades a otra en la comunidad andaluza, siendo un hecho hasta ahora sin precedentes.
El embargo sigue adelante a pesar de que la Junta de Andalucía realizó el 22 de abril el pago de 1.194.199,78 euros en concepto del IBI del Parque Tecnológico de la Salud. Tras este pago, la Junta sigue adeudando 3,7 millones de euros al Ayuntamiento granadino. La administración local espera que el pago se haga efectivo, y de no ser así no descarta embargar otras propiedades.
Cronología
Los hechos se remontan al año 2012, cuando el Ayuntamiento de Granada entregó al delegado provincial de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Aparicio, un dossier con la deuda pendiente, documento que incluía más de 3.000 liquidaciones.
A partir de ese momento se inició un procedimiento que terminó con la Sentencia de 6 de septiembre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Granada y confirmada después por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con condena en costas a la Administración Autonómica, en la que declaraba nulo lo actuado por José Antonio Aparicio y especificaba en relación con la conducta llevada a cabo por la Junta de Andalucía que: “En conclusión, la Administración autonómica ha vulnerado la confianza legítima y no ha actuado de acuerdo con el principio de lealtad institucional, todo lo cual constituye un claro abuso de derecho”.
Un año más tarde, en octubre de 2013, se constituye una Comisión formada por funcionarios de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada para depurar la deuda tributaria. Se partía de un documento en el que se recogía la deuda de la Junta de Andalucía a 21 de octubre de 2013, en el que se reclamaba por el Ayuntamiento 6.489.446,33 euros (incluidos recargos e intereses).
En febrero de 2014 ambas partes firman con total acuerdo el Acta que recoge la situación de la deuda y que asciende a un total de: 4.883.819 euros.
Entonces se le concede a la Junta un plazo de tres meses para que proceda al pago de la misma o bien se firme un Convenio de pagos entre ambas instituciones.
Ante la callada por respuesta, en agosto de 2014, el Ayuntamiento informa que ha encontrado algunos solares que pueden ser susceptibles de embargo en caso de impago de la deuda y advierte del inicio del procedimiento de embargo.
Un mes más tarde, en septiembre de 2014, el consistorio envía a la Junta de Andalucía un primer requerimiento efectuado por la Titular del Órgano de Gestión Tributaria de suministro de información para que por parte de la Administración Autonómica se designaran bienes susceptibles de embargo por no tener la calificación de bienes de dominio público o que siendo patrimoniales se encontraran afectos a un servicio público, por un importe de 2.934.882,90 euros, al haberse dictado y debidamente notificado la providencia de apremio, con las advertencias legales pertinentes.
Toda la deuda reclamada se encontraba recogida en los Anexos del Acta firmada por la Comisión, se había depurado, cotejado documentación y dado el visto bueno por los técnicos de la Junta de Andalucía.
En marzo de 2015, al no tener respuesta, se reitera el requerimiento.
El 13 de abril se notifica a la Junta de Andalucía la Resolución de 6 de abril de la Titular del Órgano de Gestión Tributaria por el que se acuerda y se comunica el embargo de dos solares, inscritos con carácter patrimonial en el Registro de la Propiedad. Un día más tarde, el 14 de abril, se presenta en el Registro de la Propiedad nº 1 de Granada, el escrito notificado a la Junta de Andalucía para que se realice la anotación preventiva de embargo.
Ese mismo día, el 14 de abril, la Junta de Andalucía remite un escrito al Ayuntamiento en el que se comunica que se ha dado orden para el abono de 1.138.369,43 euros correspondiente al IBI del Hospital Campus de la Salud.
El 17 de abril el consistorio granadino envía los documentos de ingreso del IBI del PTS por importe de 1.194.199,78 euros, cuyo plazo de pago concluyó el día 22 de abril. Ese mismo día, la administración autonómica realiza el ingreso del IBI del PTS por el importe citado.
Cobrar la deuda
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Granada, Francisco Ledesma, dice sentirse “con la satisfacción del deber cumplido”, tras las gestiones realizadas para que la Junta de Andalucía pague la deuda tributaria que mantiene con la ciudad: “Cuando llegué a la Concejalía de Economía y Hacienda me puse como objetivo el cobro de la deuda que la Administración autonómica mantenía con este Ayuntamiento y, por ende, con todos los granadinos. Se trata de deuda tributaria, esto es, que se corresponde con impuestos que todos pagamos todos como puede ser el IBI, ICIO, etc.. y que no se porqué motivo ellos no pagan. Han sido muchas horas de trabajo técnico el que llevó a la Comisión que se creó entre altos funcionarios de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada para fijar la cuantía y reconocer la deuda por el importe de 4,8 millones de euros”.
Ledesma considera que a pesar de haber tenido dinero para saldar dicha deuda, “la Junta no han considerado entre sus prioridades pagar los impuestos”.
Según el concejal, “han tenido que pasar cuatro años de negociación, cientos de horas de trabajo, un acta de depuración de deudas, una sentencia condenatoria por deslealtad institucional y abuso de derecho a la administración autonómica, y una notificación de embargo, para que la Junta de Andalucía le pague a los granadinos 1.195.000 euros en concepto del IBI del Parque Tecnológico de la Salud”. Ante estos hechos, el embargo sigue adelante “porque con este importe no se satisface el total de la deuda”, afirma.
Francisco Ledesma explica que los embargos se levantarán cuando se pague toda la deuda “líquida, vencible y exigible”.