Ley de Morosidad y su incumplimiento
En los últimos tiempos se han analizado de manera exhaustiva las negativas consecuencias que tiene para nuestras empresas los continuos retrasos en el pago de facturas que la Administración tiene como norma general con sus proveedores. En este país, se entiende como algo natural que cualquier Administración Pública local (ayuntamientos, diputaciones…), regional o el propio estado central difiera sus obligaciones de pago durante meses y meses sin más explicación que un vago “no tenemos tesorería”. Los efectos que para el empleo, la competitividad y la propia supervivencia de las empresas tiene esta mala práctica de nuestra Administración son claros y están a la vista de todos: cierres diarios de empresas, autónomos que pierden las ilusiones y el patrimonio de toda una vida, un porcentaje de desempleo cercano al 30%…etc.
Para paliar esta situación crítica para la buena salud de nuestras empresas la Unión Europea obligó a nuestro país a crear normas que redujeran los plazos de cobro a unos niveles aceptables y acordes con la realidad europea. En los países de nuestro entorno el plazo medio de pago de la Administración es de 65 días. Para vergüenza de nuestros gobernantes, en España la media casi triplica la realidad europea: 153 días. Lo triste es que sea Europa quien nos tenga que decir que esto no puede continuar así. El 29 de junio de 2000 se aprobó la directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo por la que se establecen medidas en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Sin embargo, en España hasta el 29 de diciembre de 2004 no se desarrolla la Ley 3/2004 que dotó de contenido a aquella directiva aprobada casi 5 años antes. Esa primera norma de nuestro ordenamiento tuvo una puesta en escena totalmente desastrosa. Ninguna Administración Pública cumplía con los plazos legales. Es decir, estudio, apruebo y publico una ley pero me la salto a la torera. Intolerable.
El 05 de julio de 2010 se aprueba la Ley 15/2010 que viene a modificar la norma de 2004 recogiendo plazos de pago muy concretos. Se estableció un régimen transitorio que iba desde un plazo máximo de pago de 55 días en 2010 hasta los 30 días que se ha fijado como plazo máximo a partir del 01 de enero de 2013. Ni que decir tiene que los plazos establecidos en esta nueva Ley siguen sin cumplirse. Y ello a pesar del bien intencionado Decreto de pago a proveedores que parecía la panacea que venía a resolver los graves problemas de liquidez de nuestras empresas. Sin embargo, un año después de hacer efectivas las cantidades aprobadas en aquel decreto, la deuda de la Administración con sus empresas proveedoras han vuelto a los mismos niveles de 2011, pero con una diferencia importante que, particularmente, me empieza a preocupar. En 2014 los ayuntamientos tendrán que empezar a devolver las cantidades que el Estado les prestó para pagar a sus proveedores. Y la pregunta surge sola. Si con el contador de deuda con las empresas a cero los ayuntamientos no cumplen con los plazos legales, ¿qué ocurrirá cuando tengan que empezar a devolver el préstamo?
Pero lo que ya se escapa de mi humilde entender es que, a pesar de las Directivas Europeas y de las leyes nacionales antes citadas, el gobierno español se inventa otra medida que sería totalmente innecesaria si se cumplieran con los plazos marcados en la ley. Se ha escuchado en estos días que para 2014 se está preparando una medida por la que autónomos y PYMES podrán diferir el pago del IVA hasta que cobren la factura. Es decir, como estoy incumpliendo la ley en cuanto a los plazos de pago, pues me invento otra para paliar parcialmente los efectos de mi incumplimiento. ¿De verdad es esto serio? Señores gobernantes ¿Por qué no cumplen con los plazos legales que ustedes mismos han establecido y dejan ya de ir poniendo parches? Si pagan a 30 días como dice la Ley, no necesitamos que se inventen más medidas, el número de parados no estaría por encima de los 5 millones y nuestras empresas, el verdadero motor económico, las únicas que pueden generar empleo, no tendrían que cerrar asfixiadas por las deudas generadas por la pésima gestión de aquellos que tienen la confianza de los ciudadanos de este país para velar por nuestros intereses.
