Apuntes sobre el nuevo marco fiscal
Granada Económica • Opinión
Eulogio Cordón Pozo
En su segunda acepción, define el diccionario de la lengua española el término reforma como “aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”. Entendiendo que en el ámbito de la fiscalidad es difícil hablar de innovaciones, suponemos que la ansiada reforma fiscal tiene como objetivo mejorar el sistema impositivo español buscando, en palabras del gobierno, el aseguramiento de la estabilidad económica sobre las bases de una economía competitiva con capacidad para crecer de forma equilibrada.
Los cambios previstos en el marco fiscal para los próximos años afectan a dos pilares básicos de nuestro sistema impositivo, el IRPF e impuesto de sociedades, manteniendo inalterada la esencia de la tributación indirecta del IVA. Dejando de lado las críticas vertidas por las organizaciones sindicales (sobre todo en lo relacionado a la tributación en el IRPF de la indemnización por despido), las preocupaciones despertadas en el seno de la Unión Europea (se advierte de que puede poner en riesgo los objetivos del déficit), y la disparidad de opiniones de los especialistas (si Citigroup destaca que la postura fiscal más relajada supondrá que el PIB crezca a mayor ritmo los dos próximos años, Moody’s critica su falta de ambición y el incremento del riesgo de que España incumpla sus objetivos de déficit presupuestario), nos interesa destacar los efectos de los cambios normativos sobre la fiscalidad de las empresas, ya que son las empresas los principales agentes que posibilitan el crecimiento económico y, por ende, la creación de empleo. Es más, no podemos olvidar que el tejido empresarial en España está integrado principalmente por pequeñas y medianas empresas; especialmente por autónomos (según el Ministerio de Empleo y Seguridad social, a 31 de marzo de 2014 el número de autónomos superaba levemente 1.915.000 personas). Una de las medidas propuestas, rebaja del impuesto de sociedades que pasa del 30% al 25% en dos fases, probablemente tendrá pocas consecuencias prácticas; pues es sabido que el sistema de deducciones español permite que se pague un tipo efectivo que oscila entre el 1% y el 12% (la consecuencia final será la aproximación del tipo nominal al efectivo). Más expectativas crean las medidas propuestas para el colectivo de autónomos, que tributaran al 15% en el IRPF en vez del actual 21% siempre que tengan una renta anual por debajo de 12.000 €, y el mantenimiento de la figura del tipo reducido para pymes de nueva creación o para parte de la base imponible de los autónomos (en hasta 300.000 €). Estos y otros cambios, unidos al nuevo escenario del IRPF que beneficiará sobre todo a las rentas más bajas y las familias numerosas con discapacitados, se espera que impacten positivamente sobre el crecimiento estable de la economía española y la generación de empleo en los próximos años. Si los datos económicos de los próximos años confirman estas expectativas esperanzadoras todos alabarán las “acertadas” medidas del gobierno, olvidándose los augurios de los que advierten de desequilibrios financieros que pueden lastrar y demorar la incipiente recuperación de nuestra economía.
Eulogio Cordón es profesor de Organización de Empresas de la UGR
