Manuela MARTÍNEZ – Un plan de ajuste antisocial y un sacrificio estéril
En Granada, el plan de ajuste del Gobierno de Zapatero nos plantea un futuro económico bastante incierto a corto y medio plazo. Y es que la UGT, aun siendo consciente de la gravedad de la crisis, lo que rechaza de plano es la receta para salir de ella. Una receta que se ha presentado a la opinión pública como la única salida posible, como un sacrificio necesario para no convertirnos en la otra Grecia,
ocultando que la mayor parte de la tarta del superávit del Estado se lo han comido las ayudas a la banca y a las grandes empresas, -precisamente los actores que mayoritariamente se beneficiaron de las actividades especulativas e improductivas propias del boom inmobiliario-, y que en absoluto las pensiones, el gasto social, los servicios públicos y el derecho a un trabajo con derechos lastran la recuperación económica, sino todo lo contrario.
Por si acaso, ya han puesto el parche antes que la herida sangre y, tanto el Presidente del Gobierno el día 12 en el Parlamento, como el FMI, o la agencia de valoración Fitch, han señalado públicamente, pero sin hacer mucho ruido, que las medidas drásticas de reducción del gasto público aprobadas por España, tendrán seguramente un impacto negativo sobre la economía y el empleo. Lo cierto es que el Gobierno, que había defendido por activa y por pasiva que la inversión pública y el gasto social eran la mejor medicina para reactivar la economía, crear empleo y atender a los ciudadanos más castigados por la crisis económica, finalmente se ha dejado llevar por el pánico, presionado por los mercados financieros, los especuladores y los grandes mandamases de la Europa de los mercaderes, Merkel y Sarkosy.
En Granada el panorama no puede ser más desalentador, ya que estas soluciones de urgencia -la congelación de las pensiones, los recortes en gasto social, la rebaja en los sueldos del sector público y la reducción de la inversión pública-, no harán sino incrementar la tasa de paro y ralentizar aún más la recuperación económica. De hecho, teniendo en cuenta que estas medidas van a afectar a unas 200 mil familias y que nuestra provincia cuenta con casi un 20 por ciento de trabajadores en el sector público, la pérdida de poder adquisitivo de los diferentes colectivos afectados directamente por las medidas, detraerán al consumo interno unos 94 millones de euros anuales, según cálculos estimados por la UGT. A esta cantidad, habría que añadir el efecto psicológico provocado por la incertidumbre ante un escenario político lamentable que genera desconfianza y frustración, lo que agravará aún más si cabe la crisis de consumo que padecemos.
Frente a este paquete de medidas cortoplacista y socialmente injusto, la UGT aboga por una estrategia alternativa a largo plazo para reducir el déficit público vía ingresos, y no vía reducción inmediata del gasto, a través de la recuperación del Impuesto de Patrimonio, la reactivación del Impuesto de Sucesiones, el incremento del IPRF para las rentas más altas, el aumento del IVA a los bienes de lujo y el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal, entre otros mecanismos. Se trata, en definitiva, de dar prioridad a la creación de empleo y la reactivación económica, de preservar el bienestar de ciudadanos y trabajadores, junto con la dimensión de lo público y del Estado de Bienestar en su conjunto.
*Manuela Martínez es Secretaria General de UGT de Granada.
