La sentencia sobre el Nevada abre la puerta a una inminente apertura
En portada
Ciudadanos y empresarios creen que la apertura será un revulsivo para la maltrecha economía provincial
La apertura del Centro Comercial Nevada está más cerca hoy que nunca. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Granada, que no va a dejar satisfecho a casi nadie, pone punto y seguido -pero muy cerca del punto final- a una polémica que nació prácticamente el mismo día en que se puso la primera piedra, allá por septiembre de 2002.
Y ello sin perjuicio de saber que buena a parte de los implicados van a recurrirla o han anunciado que lo harán y que eso podría afectar a la reanudación de los trabajos y finalmente al momento de su apertura.
Demolición de esquina
Mucho distan los escasos 1.500 metros que tienen que ser demolidos a costa del promotor según el fallo, de la demolición total que solicitaba el fiscal. La sentencia echa por tierra los argumentos del ministerio público que ya ha anunciado que pedirá a la Audiencia Provincial que endurezca las penas impuestas. En este sentido, la sentencia advierte de que la demolición “total o parcial es legalmente inviable” al tiempo que establece que la única opción viable es demoler parte del edificio “expresamente excluido de la licencia otorgada”.
Las condenas no parecen muy importantes, sobre todo si se consideran las expectativas y el revuelo que el asunto, con claras resonancias políticas, ha tenido en Granada en los últimos años. El ex alcalde socialista, José Antonio Morales Cara, el concejal de Urbanismo del mismo partido, Gabriel Cañavate y el promotor Tomás Olivo, han sido condenados a 7 meses de cárcel e inhabilitación los dos primeros, y a la misma pena y multa el último, por un delito de prevaricación urbanística. Tanto los arquitectos como los abogados y los concejales que aprobaron el Plan Parcial son absueltos porque no ha quedado acreditado que tuvieran la intención de aprobar la licencia aún conociendo el contenido de los informes desfavorables al respecto.
2.000 empleos
En la localidad de Armilla preparan el champán porque saben que buena parte de los 2.000 puestos de trabajo que se pueden generar, entre los directos y los indirectos, pueden se cubiertos por los propios vecinos, y en Granada también saben que la apertura del enorme centro comercial puede ser un revulsivo y una inyección de optimismo para una economía que lleva tres años desayunándose con noticias negativas. Al margen de los matices y sin olvidar que hay sentencias condenatorias -aún no firmes- pocos ciudadanos pueden entender por qué si algo está mal no se detecta antes, en el mismo proyecto, en el momento del replanteo o, en todo caso, mucho antes de que se hayan construido tantos metros de obra. Es esa sensación de inseguridad jurídica la que más alarma provoca entre la ciudadanía. Por eso, no pocos vecinos se entregan al pragmatismo afirmando que “si ya está hecho, pues que lo abran y den empleo que la situación bien lo demanda”.
Tanto el Ayuntamiento de Armilla como General de Galerías Comerciales, la empresa de Tomás Olivo y promotora del complejo, confían en que las obras se reanuden cuanto antes y no sólo por terminar el centro comercial sino porque cada día que pasa su deterioro aumenta y su recuperación es más costosa. Aunque la apertura del mismo dependerá, como se ha dicho, de las apelaciones y las nuevas decisiones judiciales.
Reacciones
Las reacciones a la sentencia no se han hecho esperar. En general, ciudadanía y empresariado se muestran partidarios de abrir el centro sin más dilación. Así, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, manifestó que sería muy importante reanudar las obras cuanto antes y abrir un centro comercial que generaría miles de puestos de trabajo, con lo que se ayudaría a paliar los efectos de la crisis. Cuerva también manifestó su deseo de que las empresas que querían instalarse sigan interesadas en hacerlo. Javier Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio, se manifestó con cierta desconfianza y no quiso hacer más valoraciones hasta que no se sepa “cuantos comercios se van a crear y cuantos se van a destruir” y ello a pesar de que la historia demuestra que el pequeño comercio ha sabido sobrevivir y adaptarse a estos escenarios. Por su parte, el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, se mostró convencido de que abrir el Nevada sería una inyección de optimismo para la económía local y especialmente para los parados. El número dos del PP granadino, Antonio Ayllón, ha afirmado que la sentencia es “una condena al Clan de Armilla y a la dirección del PSOE” y estudia recurrir la sentencia, lo que contrasta con la actitud que los populares mantuvieron en Almería, apoyando en todo momento el Gran Plaza de Roquetas – también de Olivo- a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaró como ilegal la licencia de apertura. No hay que olvidar que en Roquetas de Mar gobierna el PP a través de su presidente provincial, Gabriel Amat.
Los socialistas, como era de esperar, defienden la actuacion de la Junta y la califican de “ejemplar”. Así, la secretaria de Política Municipal, Elvira Ramón, tras manifestar su respeto por el fallo, aseguró que la sentencia demuestra que la actuación del Gobierno andaluz y la Diputación fue impecable y “buscando el interés general”.
General de Galerías Comerciales, por su parte, se defiende asegurando que su actuación fue correcta. En un comunicado de prensa hecho público el mismo día del fallo, desde la empresa que dirige el empresario Tomás Olivo se asegura que «la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Granada considera que la actuación de la empresa fue la correcta en lo que se refiere a la cuestión tan debatida de la rasante, la altura, la ocupación, la edificabilidad y los Planes Parciales”. «La sentencia considera -prosigue la nota- que los criterios utilizados en los Planes Parciales al fijar la rasante eran razonables y no constituyen un delito de prevaricación».
No le falta razón a General de Galerías Comerciales cuando afirma que la sentencia no declara la nulidad del Plan Parcial ni de la licencia de obras, como habían solicitado las acusaciones. También queda claro en la sentencia, según el comunicado, que las irregularidades por las que se condena a Morales Cara y Cañavate son ajenas a Tomás Olivo y su empresa “a quienes nada se imputaba en relación con las mismas”. La nota también hace alusión a que Tomás Olivo no cometió el delito de desobediencia por el que se le acusaba, “en contra de lo que erróneamente” han sostenido las acusaciones desde hace años.
General de Galerías Comerciales considera que la entrada de una parte muy pequeña en zona verde, en la zona suroeste del centro, se debió a un error de replanteo como consecuencia de la aprobación inicial y provisional de la Revisión del PGOU de Armilla que contemplaba el límite del edificio tal y como esá ejecutado. A pesar de la condena a la pena mínima, la empresa anuncia la interposición de un recurso de apelación por no compartir ciertos extremos de la sentencia.
