El decreto para la protección del litoral de la Junta no convence a casi nadie

Amparado en lo que prevé el artículo 56 del Estatuto de Autonomía, que atribuye competencia exclusiva a la Junta de Andalucía en materia de urbanismo y ordenación del territorio, el Gobierno que preside Griñán ha aprobado el pasado día 27 de noviembre el Decreto-Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral, norma mediante la que se crea la figura del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía con el objetivo de salvaguardar los intereses autonómicos presentes en esta zona, de forma que se garantice, según se explica en la propia exposición de motivos del decreto, la protección y puesta en valor de la franja más próxima a la costa, y mantener libres de urbanización los espacios no edificados que no sean necesarios para la normal expansión de nuestros pueblos y ciudades, propiciando un desarrollo urbanístico sostenible adecuado a la capacidad de acogida del territorio.  

Muchas dudas

El ámbito de la norma incluye los terrenos situados a una distancia inferior a 500 metros. Hasta ahí la opinión del equipo de Griñán. Pero para el resto, empresarios, oposición y opinión pública granadina, la cuestión no está muy clara. Y ello a pesar del esfuerzo didáctico desplegado por el ejecutivo andaluz para explicar las bondades de la norma y la necesidad de no caer en los mismos errores del pasado. Las dudas se ciernen, fundamentalmente, sobre los proyectos que aún no han sido aprobados, y ello a pesar de que la Secretaria General de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, ha asegurado recientemente en visita a nuestra provincia, que “ninguno de los proyectos previstos en la costa se paralizará ya que su aplicación -de la norma- no tiene carácter retroactivo”.  Esas dudas hacen que Luis Aribayos, secretario de la CGE, afirme con rotundidad que es una norma precipitada, elaborada si consenso y generadora de una gran incertidumbre.

Autonomía municipal

Del mismo modo, para el Partido Popular, en boca de su alcaldesa en Motril, María Luisa García Chamorro, el decreto acarrea la paralización de todos los desarrollos turísticos  en la franja costera al tiempo que provoca una gran inseguridad jurídica que perjudicará seriamente al turismo y la marca Andalucía. Para Chamorro, la norma ahuyentará la inversión y frenará el desarrollo. Además, los populares entienden que se está vulnerando el principio de autonomía municipal con una nueva injerencia por parte de la Junta y si no da marcha atrás el asunto acabará en el Tribuna Constitucional. También los andalucistas, con presencia en bastantes ayuntamientos del litoral, se oponen al decreto arguyendo similares razones, poniendo el énfasis en que la norma elimina de raíz el desarrollo turístico de la Costa Tropical, «haciéndonos pagar, injustamente, los excesos  de otra parte del litoral andaluz, donde el desarrollismo hizo estragos». Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón ha sido el más gráfico: “Esto es un brindis al sol en cuya concepción se margina claramente a zonas de Granada”. Y es que si bien hay zonas del litoral andaluz absolutamente macizadas que justifican esta medida, lo cierto es que en Granada eso es tanto como prohibir la construcción o promoción de proyectos como puertos deportivos u hoteles en buena parte de los municipios costeros y limitar así de forma clara el potencial turístico. 

Suspensión cautelar

Con el agravante de que en varios municipios costeros, entre los que destacan Motril, Almuñécar y Salobreña, aún en el caso de que tuvieran aprobados sus figuras de planeamiento general, se suspende la aprobación de los planes de sectorización y de los planes parciales en suelo urbanizable en los ámbitos que incluyan terrenos situados a una distancia inferior a 500 metros, por lo que, por más que la Junta trate de dar una imagen de tranquilidad sobre los grandes proyectos de la costa, lo cierto es que una negra sombra de duda se cierne sobre los mismos y solo el tiempo nos dirá si lo que Ángel Gijón califica de “brindis al sol” es tal cosa o no. 

Los que si están muy satisfechos con la norma aprobada por el Gobierno andaluz son los ecologistas que ven así colmadas sus aspiraciones de que no se mueva ni un ladrillo a menos de 500 metros de la zona de influencia del litoral.

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