Ley de Tasas: una ley injusta. Justicia para ricos, justicia para pobres
La nueva Ley 10/2012 conocida popularmente como Ley de Tasas es, probablemente, la norma que más consenso en contra ha conseguido en la reciente historia legislativa de este país. En efecto, y a excepción del Partido Popular (y ello siempre a nivel oficial, porque en privado muchos populares muestran su oposición a la ley), todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones de usuarios y consumidores y la totalidad de los operadores jurídicos (jueces, fiscales, secretarios, abogados y procuradores), han mostrado su disconformidad con esta ley.
La Ley de Tasas Judiciales impulsada y aprobada por el Ministerio de Justicia el pasado 13 de noviembre ha sublevado al mundo jurídico, que ve cómo esta nueva normativa consagra una justicia para ricos y otra para pobres, limitando e incluso impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos que se verán imposibilitados para abonar los nuevos impuestos judiciales. Estamos ante la más clara vulneración del derecho de defensa, del acceso de los ciudadanos a la justicia desde que existe la Constitución, y, sobre todo, estamos ante un ataque clarísimo y directo a las clases más desfavorecidas y a los ciudadanos de a pie, que verán seriamente comprometida la posibilidad de acceder a la tutela judicial efectiva.
Ha habido y sigue habiendo movilizaciones para pedir al ministro Alberto Ruiz Gallardón que dé marcha atrás en la aplicación de una Ley que compromete seriamente derechos fundamentales de los ciudadanos.
Considero que la nueva ley supone el mayor ataque a la tutela judicial efectiva desde la aprobación de la Constitución. Y no sólo eso, sino que la imposición de las tasas judiciales va a causar un serio perjuicio a la Abogacía, puesto que los efectos disuasorios de las tasas reducirán la litigiosidad.
No es de recibo que el Ministerio justifique la imposición de esta ley argumentando que la recaudación se destinará a pagar el Turno de Oficio y la Asistencia al Detenido, porque está calculado que lo que se recaude por tasas no cubrirá ni la cuarta parte de los gastos de la asistencia jurídica gratuita en España y porque esta es un derecho fundamental y se debe pagar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no con tasas.
Esperemos que la sensatez impere y se retire la ley. Confiamos en que los derechos de los ciudadanos sean prioritarios a cualquier otra consideración. Y, en último caso, espero confiadamente en que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la ley cuando se le presenten los muy numerosos recursos de amparo que ya se han anunciado desde distintos sitios y me gustaría que la Defensora del Pueblo, a pesar de ser del partido del gobierno, cumpla con su misión, que no es otra que defender al pueblo, a los ciudadanos.