Los alquileres de renta antigua y el futuro del pequeño comercio

Esto de los alquileres de locales de renta antigua viene de muy atrás, del llamado Decreto Boyer, aunque contó con el apoyo de Alianza Popular y que llena de orgullo hoy en día a los miembros del PP, como declararon en la intervención del portavoz popular en la Comisión de Fomento. Cuatro veces se llevó al Parlamento por el PSOE la subida gradual de las rentas durante un período de cinco años para intentar amortiguar el batacazo, y cuatro veces se rechazó por el PP. 

Se lo echan en cara a los inquilinos: Veinte años, tiempo suficiente para arreglar las cosas. Sin embargo, es difícil hacer un juicio honesto sobre la diligencia o no de estos empresarios a los que el gobierno ha difamado, si no se conocen todas las variables que están en la ecuación. 

Veinte años de moratoria recogida en la ley de 1994, no para arreglar las cosas, como dicen, sino para amortizar los traspasos estratosféricos que en aquellos tiempos se pagaban; un canon de entrada millonario al que los comerciantes accedían para poder disfrutar de una renta estable en el tiempo que les permitiera ejercer una actividad con cierta viabilidad en una ubicación adecuada. 

Canon que en muchos casos era similar al precio de venta que podrían tener en aquel tiempo esos locales. Los propietarios no querían vender. Sabían que esta figura les aseguraba un precio similar al de compraventa sin tener que deshacerse de su propiedad, además de una renta durante un período prolongado. Muchos de estos establecimientos pagan mil, dos mil, cuatro mil euros, por locales que rara vez tienen más de sesenta metros, pero por los que ahora les piden el triple, e incluso cuatro veces más, cifras inasumibles para empresas que no sean multinacionales. 

Desde la ley del 94, todo el poder de negociación se deja a manos del propietario. Él decide quién se queda y quién se va, y aunque habrá muchos que enarbolen la bandera neoliberal para defender esta postura, eso significa que una persona  ajena a la empresa, desde el sillón de su casa, decide que negocio continúa o no, y cuantos trabajadores se condenan a la exclusión laboral. Muchos de estos empleados y autónomos no volverán nunca más a trabajar, por edad y por formación. 

La Plataforma de afectados por la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) estima que sólo el 60% de los más de 85.000 afectados, han podido negociar. Los demás están abocados a un traslado, o al cierre. Muchos de ellos se resisten a irse y ya se preparan para un desahucio. Veremos escenas tremendas de comerciantes echados por la policía de sus locales.

Pero a pesar de todo, me quedo con lo positivo, es parte de mi carácter. Por primera vez, un movimiento surgido de un grupo de empresarios de Granada ha sido capaz de traspasar  la provincia y hacer que a su lucha se sumen comerciantes de toda España. Es un logro que desde Granada se haya abierto el debate de la importancia del pequeño comercio, de los puestos de trabajo que crea, de la identidad que da a las ciudades, del valor añadido que supone para un territorio la actividad de estos establecimientos emblemáticos. Por fin, Granada es referencia en algo positivo. 

El valor de estos comercios singulares y emblemáticos de la ciudad se tiene que conocer y defender. Esa es la nueva lucha y en eso estamos. 

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