Diputación aprueba el Plan Provincias de Obras y Servicios
La Diputación de Granada ha anunciado la aprobación definitiva del Plan Provincial de Obras y Servicios, cuya principal novedad es que los municipios podrán recuperar las competencias de gestión de sus propias obras, después de que el anterior equipo de gobierno, del PP, les retirara esa capacidad. En total, serán 17.983.844 euros de inversión distribuidos en dos anualidades: 2016 (8.771.569) y 2017 (9.212.275), en el marco del Plan Provincial, aprobado en el pleno del día 27 de octubre.
“Con esta aprobación se materializa el compromiso político que se asumió desde el principio del mandato de devolver a los municipios y entidades locales de la provincia la capacidad de asumir la gestión de las obras que se integran en el plan provincial para dar respuesta a la demanda que venían reivindicando los ayuntamientos y ELA´s de la provincia en los últimos años”, ha señalado el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, que ha presentado este proyecto de inversión, junto al vicepresidente y portavoz, Pedro Fernández.
Tanto Villegas como Fernández, han felicitado al equipo humano del área de Obras por el trabajo realizado, que ha permitido, han dicho, “dar respuesta a una demanda de los municipios y, a la vez, materializar un compromiso que había asumido el equipo de gobierno”.
Además, han relatado la dificultad de concretar los términos de dicha convocatoria para las anualidades 2016 y 2017, por la “búsqueda constante de consenso entre las distintas fuerzas políticas de la Diputación”, por un lado, y por otro, por los criterios de distribución de los fondos entre todos los municipios y ELA´s de la provincia.
ACP Granada
Ante la noticia de la aprobación del Plan Provincial de Obras y Servicios 2016-2017 por parte de la Diputación, la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada muestra su descontento ya que, tal y como indica su presidente, Francisco Martínez Cañavate, “llega tarde”. Según sus palabras, dicho plan recoge la anualidad para 2016, por lo que “debía estar aprobado a principios de año y no a fecha 27 de octubre”, ya que la tardanza en su aprobación “provoca que 2016 sea un año sin obra, con el consecuente perjuicio para el empleo y el tejido productivo provincial”. Desde la Asociación manifiestan que la tardía aprobación del plan de obras 2016 provoca una grave disfunción a las empresas constructoras; las mismas se han visto obligadas a despedir a 1.500 trabajadores.
En lo que respecta a la “recuperación de la gestión” por parte de los ayuntamientos, es una decisión no compartida por el sector, puesto que implica que se liciten y adjudiquen las obras con criterios diferentes (cada Ayuntamiento el suyo) vaciando de contenido los servicios técnicos de la Diputación. “Si ya en Diputación, donde hay un volumen de técnicos importante, es complicado gestionar las licitaciones y hacer un pliego único, más complicado aún va a ser ahora, una vez que se ha delegado esa función en 170 alcaldes, donde cada uno hará lo que pueda con los medios a su alcance”, explica Martínez Cañavate.
Esta decisión entraña, además, y según señalan desde ACP, un “grave riesgo” para la propia Diputación ya que dificulta la gestión, pierden calidad las obras, obstaculiza la transparencia y perjudica la profesionalidad de las empresas del sector.
Por todo esto, Francisco Martínez Cañavate pide a Diputación velar “por la seguridad jurídica de todos los procedimientos garantizando la igualdad de oportunidades de las empresas del sector”, publicando en el perfil del contratante todas las licitaciones de obra y elaborando un pliego de condiciones único que mejore la objetividad de cada proceso de licitación que lleven a cabo los ayuntamientos.
Asimismo, solicita al ente provincial que incluya requisitos mínimos de solvencia técnica de las empresas en el pliego de licitación, haciendo de la misma un denominador común de calidad, que garantice obras ejecutadas en plazo y unos estándares mínimos de calidad.
Martínez Cañavate responde también al presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, quien ha reconocido que le “hubiera gustado” que el colectivo le trasladara sus quejas de manera directa: “Hemos tenido hasta seis reuniones con representantes de la Diputación, en septiembre, octubre y diciembre de 2015 y ya este año, el pasado mes de mayo nos reuniones con el vicepresidente, Pedro Fernández; en abril, con el diputado provincial de Obras y Fomento de la Diputación, José María Villegas; y este mismo mes de noviembre con el diputado de Economía, Manuel Gómez. Por tanto, puedo decir que el contacto ha sido continuo y a todos ellos hemos trasladado, de forma directa, las quejas y alegaciones que teníamos que presentar”.
Reacción a las declaraciones de ACP
Por otro lado y ante las declaraciones realizadas por ACP Granada respecto al Plan Provincial de Obras y Servicios, el diputado provincial de Obras y Vivienda de la Diputación considera que “es un grave error considerar que el cambio en la gestión de los Planes Provinciales de Obras y Servicios que hemos hecho desde la Diputación, que básicamente consiste en devolver la capacidad de gestionar sus obras a los alcaldes y alcaldesas de la provincia, va a suponer un perjuicio a la generación de empleo y riqueza en la provincia”, ha afirmado el diputado provincial.
Asimismo, Villegas ha lamentado las “incomprensibles” maneras que ha utilizado ACP Granada, “una asociación que se supone que representa al sector de constructores y promotores de la provincia, para comunicarse con una institución como la Diputación” y también ha lamentado el fondo de su denuncia pública, que denota, a juicio de Villegas, “un profundo desconocimiento del funcionamiento y de la gestión” de la institución provincial.
“Nosotros no estamos para defender los intereses de las grandes empresas sino para atender, en primer lugar y ante todo, las necesidades de los vecinos y vecinas que viven en los municipios de la provincia, fundamentalmente a los de menos de 20.000 habitantes”, ha indicado el diputado de Obras, quien ha precisado que “los legítimos representantes de estos vecinos son sus alcaldes y alcaldesas y, por tanto, hay que entender que son ellos quienes tienen más interés que nadie en que las obras se ejecuten de forma correcta y que atiendan a su objetivo último, que es dotar de infraestructuras de calidad a la población de sus municipios”.
Villegas ha recordado que serán los alcaldes y alcaldesas los que decidan cómo se va a ejecutar el Plan de Obras y Servicios, que es un plan bianual y se acaba de aprobar. “Las grandes empresas, por supuesto, también van a tener opción de ofertar para esos proyectos, en igualdad de condiciones que las empresas que conforman el tejido productivo local”.
Según el diputado de Obras Públicas y Vivienda, los Planes de Obras y Servicios van a incidir en la generación de empleo, sobre todo, empleo local, independientemente de que esas obras las ejecuten empresas de ámbito local, provincial o supraprovincial. “El nuevo sistema de gestión no va a suponer un perjuicio para la generación de empleo y riqueza para nuestra provincia, sino más bien todo lo contrario, porque prácticamente no va a haber intermediarios y la subcontratación quedará muy reducida”.
