La UGR aprueba su normativa sobre Propiedad Industrial e Intelectual

La diversidad de disciplinas dentro de la Universidad de Granada, las nuevas formas de colaboración con empresas e instituciones y los continuos cambios en los modelos de negocio, hacían necesario elaborar una normativa que regulase de forma general y coherente con los cambios normativos introducidos en los últimos años la propiedad industrial e intelectual asociada a la labor investigadora.

En ese contexto, y cumpliendo con lo marcado por el art. 188 de sus estatutos, la Universidad de Granada, en consejo de Gobierno de 31/01/2017, ha aprobado una nueva normativa sobre propiedad industrial e intelectual que, entre otros aspectos: regulará la titularidad, gestión, protección y transferencia de la propiedad intelectual o industrial derivada de los resultados de investigación generados en el seno de la UGR. Asimismo, ofrecerá, tanto a la propia UGR como a los terceros implicados, la suficiente seguridad jurídica sobre la gestión, protección y transferencia del conocimiento generado. Y por último, salvaguardará la imagen institucional de la Universidad y sus intereses en cuestiones relacionadas con su actividad investigadora. La UGR asume el criterio establecido en la LCTI para fomentar la valorización, entendida como la puesta en valor del conocimiento obtenido mediante el proceso de investigación, a través de la adecuada protección del conocimiento con el fin de facilitar su transferencia a la sociedad, e incorpora las modificaciones que para las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas establece la nueva Ley 24/2015 de Patentes, que entrará en vigor el próximo 1 de abril de 2017.

Esta nueva normativa será de aplicación a todo el Personal de la UGR que genere o participe en la generación de Resultados de Investigación y clarificará la situación de alumnos y terceros que colaboren con la UGR. Asimismo, la normativa regula los derechos asociados a cualquier tipo de resultado de investigación

Finalmente, el texto aprobado prevé la formación de una comisión para la toma de decisiones relativas a la gestión de derechos de propiedad industrial e intelectual y resolución de conflictos sobre la aplicación de esta normativa.

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