A vueltas con la morosidad
Iván Martínez Martínez, Secretario-Interventor de Administración Local

Desde el estallido de la crisis económica en el año 2008, se puede afirmar de manera categórica que la Administración local ha sufrido una auténtica revolución como consecuencia del desarrollo normativo en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que ha traído consigo la consolidación de instrumentos de supervisión y de control, así como de parámetros indicativos del cumplimiento de los objetivos marcados, siendo uno de los más destacados el Periodo Medio de Pago a Proveedores, entendido como la expresión del tiempo de pago de la deuda comercial de una Administración.

La problemática del pago a los proveedores en las Corporaciones Locales tuvo su punto álgido durante el año 2011, año en el que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales llegaron a acumular más de 81.000 millones de euros pendientes de pago a proveedores suponiendo eso, en palabras del Banco de España, 8% del PIB nacional. Por ello, el Gobierno central aprobó en el año 2012, ante tal panorama, el denominado Plan de Pago a Proveedores a través del Real Decreto-ley 4/2012, y posteriormente articuló dos fases adicionales con similar sistemática que constituyeron un exitoso cambio de tendencia en los tiempos de pago de las obligaciones contraídas por parte de las Administraciones Públicas. En menos de tres años se transfirieron miles de millones de euros al sector privado que supusieron una reactivación de la mermada y maltrecha actividad empresarial en un contexto económico tan adverso como el del momento.

Además, y a fin de poder consolidar el cambio de tendencia, fue aprobada en diciembre de 2013 la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el Sector Público, que vino a modificar la normativa sobre sostenibilidad financiera incluyendo en tal concepto el control también sobre la deuda comercial.

No obstante, a la luz de los datos publicados periódicamente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se pueden extraer algunas conclusiones que permiten detectar una ralentización en la evolución positiva iniciada en 2012. Por ejemplo, si analizamos los datos correspondientes al Periodo Medio de Pago del primer trimestre anual, nos encontramos con que en el ejercicio 2015 era de 31,06 días, mientras que en el 2016 las Corporaciones Locales tardaron una media de 55,29 días en pagar sus obligaciones con proveedores y en este año el PMP del primer trimestre se situó en los 60,59 días.

Es fundamental, en consecuencia, que las autoridades de supervisión y control evalúen los cambios tendenciales que se están produciendo en esta materia, con especial atención a los Planes de Ajuste aprobados por las Entidades Locales en el marco de las medidas aprobadas por el Gobierno, a fin de poder prever con antelación situaciones de excesivo desfase temporal en el pago de obligaciones y su consiguiente impacto negativo en la actividad económica de nuestro país.

   

Iván Martínez Martínez

es Secretario-Interventor de Administración Local

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