Un juzgado de Granada investigará a tres socios de Covirán por presunta falsedad documental
Después de que el Consejo Rector de Covirán pidiera a principios de año la dimisión de dos de sus consejeros «por la falta de compromiso con los objetivos marcados por la Asamblea el pasado mes de junio», según rezaba en una nota de prensa remitida por la cooperativa, y de que estos denunciaran presuntas irregularidades en la gestión de la entidad y solicitaran la celebración de una Asamblea Extraordinaria, la respuesta por parte de Covirán ha llegado de la mano de la justicia ya que tras presentar la oportuna denuncia, el Juzgado de Instrucción 6 de Granada ha abierto diligencias previas por posible falsificación de documentos privados y ha citado a declarar como investigados a tres socios de Covirán representantes del movimiento ‘Nos duele Covirán’ para esclarecer si supuestamente usaron firmas falsas para promover dicha Asamblea Extraordinaria.
Segun la investigación, el juzgado incoa diligencias previas y cita a declarar a Rubén Navarro, Jesús Muñoz y Félix Mensah el 16 de septiembre por considerar que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», ya que según recoge la denuncia, 80 de las 270 firmas presentadas por los denunciados para forzar la celebración de la Asamblea Extraordinaria se podrían haber obtenido de modo ilícito, incurriendo con ello en un delito de falsedad documental recogido en el Código Penal. El auto recoge que los tres supuestamente habrían usado ilícitamente nombres, domicilios y números de DNI de más de 80 socios de Covirán, además de haber firmado como si fuesen ellos «sin su conocimiento ni consentimiento», para lograr falsas adhesiones a la convocatoria de esta Asamblea Extraordinaria contra la actual dirección, la cual quedó paralizada con el estado de alarma.
La presidenta de la cooperativa, Patro Contreras, ha considerado «extremadamente graves estos hechos que tienen como único fin el de desestabilizar al Consejo» y considera que son prácticas censurables y difamatorias hacia la actual cúpula directiva que han tenido como objetivo poner en peligro la estabilidad de la cooperativa y revertir la decisión de sus socios, que eligieron al actual Consejo Rector y a su presidencia en junio de 2019.
Mantiene que esta actitud ha puesto «en peligro el trabajo de más de 1.300 empleados directos y 15.000 indirectos», motivo por el han decidido llevar el asunto ante la Justicia y hace un llamamiento para cesar en esta actitud de cuestionar la confianza otorgada por los socios al Consejo Rector.
Desde su nombramiento como presidenta de Covirán, Patro Contreras, ha potenciado la transparencia en el ejercicio del actual Consejo Rector, facilitando todos los datos y documentos solicitados por los socios e igualmente ha exigido a socios y consejeros su obligación con la Cooperativa y el resto de socios, cuidando la reputación de la misma.
